Cada vez que alguien me cuenta que hace años está inscripto esperando un terreno y nunca recibe respuesta, siento lo mismo: algo está funcionando mal. Las tierras fiscales deben servir para resolver el derecho al techo propio, no para alimentar acomodos, discrecionalidad ni injusticias. Por eso hoy quiero hablar de lo que pasa con los terrenos municipales y por qué creo que es urgente implementar un sistema de adjudicación justo, claro y público.

Estamos frente a una demanda habitacional creciente y una oferta limitada de tierras fiscales. Esto no es nuevo ni exclusivo de una ciudad: ocurre en muchas partes del país, pero en algunas comunidades se vuelve particularmente doloroso. Los terrenos baldíos aptos para la construcción se cotizan en valores inaccesibles para la mayoría trabajadora. Y mientras tanto, cientos de familias siguen esperando, muchas veces sin saber siquiera en qué lugar del listado están, ni por qué otros reciben antes que ellos.

¿El problema? No hay un mecanismo transparente de selección. La falta de reglas claras, visibles y equitativas genera un sistema opaco donde el favoritismo o la discrecionalidad pueden abrirse camino. Eso no solo perjudica a quienes esperan legítimamente, también erosiona la confianza en las instituciones y profundiza la desigualdad.

Si este vacío normativo no se atiende, seguirá creciendo el enojo social, la desilusión y, en algunos casos, el aprovechamiento político de una necesidad básica como es la vivienda. No podemos permitir que el derecho a un terreno se transforme en un privilegio de pocos. Debe ser un derecho garantizado por reglas justas.

Lo que necesitamos es simple pero fundamental: establecer un sistema de puntaje para los inscriptos que contemple criterios objetivos como la antigüedad de residencia en la ciudad, el tiempo de inscripción en el registro municipal, la cantidad de integrantes del grupo familiar, la situación socioeconómica y, en caso de empate, el sorteo público. Esa sería la base para garantizar igualdad de oportunidades y terminar con la incertidumbre.

Con ese objetivo, esta propuesta la presenté mediante el expediente N.º 15166-BR-00 en la 3.ª sesión ordinaria del 15 de marzo de 2000 en el Concejo Deliberante de Río Gallegos. La iniciativa propone crear un procedimiento de selección público, transparente y reglamentado para la adjudicación de terrenos fiscales con destino a vivienda familiar. Creo firmemente que legislar sobre este tema es un acto de justicia social, y que un municipio serio debe garantizar que todos los vecinos compitan en igualdad de condiciones. Porque cuando se trata de un terreno para vivir dignamente, no hay lugar para el acomodo: hay lugar para la equidad.