En nuestra provincia, muchas familias que trabajan la tierra hace generaciones están
enfrentando una dificultad silenciosa pero profunda: un aumento desmedido en el impuesto
inmobiliario rural que pone en riesgo la continuidad de su actividad. El problema no es solo
el monto, sino cómo se decidió ese incremento.
El detonante fue un decreto que modificó los coeficientes de valuación fiscal sin consultar
previamente a quienes más conocen y sufren las consecuencias: los productores. Esta
decisión se tomó sin convocar a las entidades del agro ni a organismos técnicos
especializados. Y cuando se toman decisiones de manera unilateral, se pierde la
oportunidad de construir políticas públicas sostenibles.
No atender esta situación puede derivar en consecuencias graves. Ya hay establecimientos
que no logran sostenerse. Los costos aumentan año tras año, y si además se carga al
productor con tributos injustificados o mal calculados, se empuja al colapso a uno de los
sectores más históricos y estratégicos de nuestra economía. Y cuando el campo cae, no lo
hace solo: caen empleos, caen servicios, y cae el arraigo de la población a su territorio.
Lo razonable sería que se revise ese aumento, que se derogue el decreto y que se inicie una
mesa de trabajo con todos los actores del sector agropecuario. Hay que encontrar un punto
de equilibrio entre el interés fiscal del Estado y la necesidad de garantizar la sostenibilidad
de quienes producen. Para eso, es clave respetar las leyes, aplicar los criterios técnicos y,
sobre todo, escuchar.
Con ese espíritu, propuse una iniciativa que apunta a derogar el decreto que generó esta
situación y a convocar al diálogo con las entidades representativas del agro, al INTA y al
Consejo Agrario Provincial. La actualización fiscal debe ser técnica, transparente y
consensuada, no una carga arbitraria que desalienta la producción.
La propuesta fue presentada bajo el expediente N° 233 en la Honorable Cámara de
Diputados de Santa Cruz el 4 de junio de 2008, durante la sesión correspondiente. Lo hice
convencido de que una provincia que quiere crecer no puede darse el lujo de asfixiar a
quienes la sostienen con trabajo, identidad y arraigo.