Cada vez que se habla del caso, me atraviesa una mezcla de bronca, tristeza y
decepción. Porque no estamos hablando de una sospecha, de algo que quedó
en duda o en investigación: estamos hablando de un funcionario que subió a
su camioneta, apretó el acelerador, y atropelló a 23 personas que estaban
manifestándose de forma pacífica en Río Gallegos. Eso pasó.
Lo que duele no es solo el hecho en sí —que ya es brutal—, sino todo lo que
vino después: la causa dio vueltas, se trabó, se demoró, se devolvió, se volvió
a armar. Y mientras tanto, las víctimas esperaban una respuesta, una señal,
algo que dijera “la Justicia está funcionando”.
El acusado estuvo detenido en condiciones privilegiadas, fue liberado sin
problemas, y más de una vez lo vieron en la calle, como si nada. Nunca hubo
una condena política fuerte desde el espacio al que pertenecía. No hubo
repudio, ni un mínimo gesto de empatía con quienes fueron lastimados.
Cuando la Justicia no llega a tiempo, cuando se esconde detrás de papeles o
formalidades, no solo se posterga una sentencia. Se debilita la confianza en
todo. La gente empieza a creer que hay intocables, que algunos pueden hacer
lo que quieran y salir indemnes. Y eso lastima la democracia, lastima la
memoria y lastima la verdad.
Yo no creo en la venganza. Pero sí creo en la justicia. Y la justicia tiene que
ser clara, concreta y a tiempo. Por eso presenté una propuesta para que el
Gobierno Provincial, a través del Ministerio Público Fiscal, informe por qué se
demoró tanto esta causa. También pedí que el Tribunal Superior de Justicia
haga un seguimiento firme de la jueza que tenía el expediente, para que no
se repita lo que pasó.
Mi iniciativa fue presentada en la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Cruz bajo el expediente N° 395, el 13 de agosto de 2008,
en una sesión ordinaria. Lo hice convencido de que esta causa no es solo un
expediente: es una herida que todavía sangra en el corazón de Santa Cruz.
Para que quede claro: en 2008, el autor fue condenado a tres años de prisión
en suspenso. No fue preso. Conservó su licencia de conducir. Se le pidió un
tratamiento psicológico, y nada más. Las víctimas siguen esperando justicia. Y
muchas de ellas, como Cristina Coronel, también iniciaron juicios civiles que,
hasta hoy, siguen sin resolverse.
La causa penal se cerró, pero la herida no. Y hasta que eso no se repare, el
mensaje que damos como sociedad es uno solo: que la impunidad es posible.
Y eso, simplemente, no lo podemos permitir.