Cada vez que se habla de cuidar la plata del Estado, pienso en lo mismo: no
alcanza con decir que se controla, hay que controlar de verdad, con gente
formada, con experiencia, con conocimientos claros. Porque cuando el
control no es serio, los desvíos, los errores y los abusos encuentran su lugar.
El problema está en cómo se conforma el Tribunal de Cuentas, que es nada
menos que el órgano encargado de revisar cómo se usan los fondos públicos,
tanto en la provincia como en los municipios. Hoy, su composición no
garantiza que haya al menos dos profesionales en Ciencias Económicas, algo
que debería ser básico en un organismo que se dedica, justamente, a
controlar cuentas.
Esta falta de precisión en la ley permite que se designen integrantes sin la
formación específica necesaria para revisar temas contables, financieros o
presupuestarios del Estado. Y eso, en lugar de fortalecer el control, lo
debilita. No tener personas con conocimientos técnicos en economía y
administración es como querer operar sin médico: una locura.
Si no se cambia esta situación, el riesgo es alto. Puede pasar que se firmen
informes, se aprueben gastos, o se cierren auditorías sin el conocimiento
suficiente para advertir irregularidades. El control deja de ser control y se
convierte en una formalidad vacía, donde las cuentas pueden cerrarse bien
por fuera pero mal por dentro.
Lo correcto sería asegurar por ley que, como mínimo, dos de los cuatro
miembros del Tribunal de Cuentas sean profesionales en Ciencias Económicas,
y que los otros puedan ser abogados, también con experiencia en la
administración pública. Así, el organismo gana en solidez, en mirada técnica,
y en capacidad real de cuidar los recursos de todos.
Con ese objetivo, propuse una iniciativa para modificar la actual Ley 500,
garantizando esa presencia técnica dentro del Tribunal. También propuse que
quienes representen a la minoría política cumplan con un perfil profesional
acorde, con formación académica y experiencia en gestión pública, para que
la representación no sea solo simbólica, sino también útil y responsable.
Esta propuesta la presente en la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Cruz, bajo el expediente N° 396, el 19 de agosto de 2008,
en la sesión ordinaria correspondiente. Porque no hay control posible sin
conocimiento, y porque cuidar los recursos públicos empieza por elegir bien a
quienes deben controlar su uso.