Lo ocurrido en la Escuela de Policía de Santa Cruz el 10 de mayo deja a la vista un
problema grave que no puede repetirse: más de setenta cadetes y aspirantes debieron ser
atendidos por una posible intoxicación con el agua que habrían ingerido dentro del
establecimiento.
El problema es la falta de condiciones básicas garantizadas en un ámbito de formación
institucional. No estamos hablando de una situación menor: la escasez o contaminación del
agua en un lugar donde se exige exigencia física, disciplina y alto rendimiento, puede
desencadenar consecuencias graves para la salud de los cadetes. En este caso, la aparente
intoxicación obligó a trasladar a decenas de ellos al Hospital Regional de Río Gallegos.
La causa de este episodio apunta a deficiencias en el suministro de agua potable. Se
mencionó incluso que, ante la falta del servicio, se habría recurrido a camiones cisterna
provistos por los bomberos. Esta medida improvisada podría haber estado en el origen del
problema. Lo cierto es que ninguna autoridad del área salió a explicar qué ocurrió ni qué se
hizo para remediarlo. El silencio oficial, en estos casos, solo profundiza la preocupación.
No atender este problema es asumir el riesgo de que se repita. Y en cuestiones de salud,
esperar a que pase lo peor no es una opción. No se puede permitir que quienes están siendo
formados para cuidar a los demás estén expuestos a condiciones que los ponen en peligro.
Las consecuencias pueden ser físicas, emocionales e incluso institucionales.
Lo que debería ocurrir es que el Estado garantice, de forma inmediata y permanente, el
abastecimiento de agua potable segura, regular y de calidad en todas las instalaciones de
formación policial. Además, se debe informar con claridad a la comunidad y a los
familiares sobre lo sucedido y sobre las medidas adoptadas para que no vuelva a pasar.
Con esa convicción, esta propuesta la presenté mediante el expediente Nº 214, el 27 de
mayo de 2009, en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz.
Solicito que el Poder Ejecutivo garantice el suministro seguro de agua en la Escuela de
Policía y que informe los hechos ocurridos el 10 de mayo, así como las acciones correctivas
y preventivas implementadas. Porque cuidar a quienes se forman para cuidarnos es una
obligación del Estado, no una opción.