Lo que vivimos en 2009 con el auge de las llamadas candidaturas testimoniales me dejó
una preocupación profunda sobre la legitimidad democrática y el respeto que los dirigentes
políticos deben tener por la voluntad de la ciudadanía. En aquel contexto, surgieron
numerosos casos de candidatos que se postulaban a cargos electivos sin intención real de
asumirlos, usando su imagen o trayectoria solo como plataforma de respaldo a otros
postulantes. Esta práctica desvirtúa el contrato moral y político que se establece con el
electorado.
El problema radica en la falta de herramientas legales para impedir que un candidato
oficializado utilice su postulación como un simple instrumento electoral, sin asumir luego
el compromiso de ocupar el cargo para el cual fue votado. Esta situación, que se dio con
notoriedad en varias provincias del país, terminó engañando al votante y debilitando la
transparencia del sistema.
La causa es sencilla: la legislación no contemplaba hasta ese momento una sanción clara
para quien renunciara o evitara asumir una banca ganada en las urnas. Peor aún, la ley
permitía que una misma persona se postulara a dos cargos diferentes al mismo tiempo,
generando confusión en la ciudadanía y favoreciendo el oportunismo electoral.
No abordar este problema habría significado consolidar una costumbre nociva: la
candidatura de dirigentes que solo prestan su nombre para captar votos, transfiriendo el
cargo a otra persona. Una distorsión de la voluntad popular que pone en crisis el sentido
representativo del voto.
Lo que debe suceder es que las candidaturas se tomen con responsabilidad. Presentarse a un
cargo debe ser una decisión seria y asumida como una carga pública. El ciudadano que
elige a su representante lo hace con la expectativa de que esa persona asuma el rol para el
cual fue electa. No puede naturalizarse que alguien diga "yo solo era testimonial" como si
fuera algo menor.
Para contribuir a resolver este problema y proteger la confianza de la gente en la
democracia, esta propuesta la presenté mediante el proyecto N° 298, el 10 de junio de 2009,
en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz. Propuse regular las
candidaturas como verdaderas cargas públicas, sancionando con inhabilitación especial a
quienes no cumplan con la obligación de asumir su cargo si resultan electos, y prohibiendo
las postulaciones simultáneas. Porque si queremos fortalecer el vínculo entre representados
y representantes, debemos empezar por exigir honestidad desde el momento en que se
acepta una candidatura.