Lo que vivió la comunidad de Pico Truncado entre abril y mayo de 2009 fue
mucho más que un conflicto salarial: fue una situación de crisis institucional
que paralizó el municipio, afectó la vida diaria de los vecinos, y puso en
evidencia la falta de diálogo y voluntad política para resolver los problemas
desde el entendimiento.
El problema fue claro: el municipio permaneció bloqueado, los servicios
básicos interrumpidos, las rutas cortadas, y el conflicto entre la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) y el Ejecutivo local escaló hasta convertirse en
una amenaza concreta a la paz social de la localidad.
La causa estuvo en el reclamo de un aumento salarial del 30% por parte del
gremio ATE, frente a la negativa del intendente de otorgarlo sin respaldo del
Gobierno Provincial. Esa negativa se basaba en un compromiso asumido por
los intendentes de no disponer incrementos sin previa autorización
provincial. A partir de allí, la situación derivó en un enfrentamiento sin vías
de comunicación efectivas.
No atender este conflicto podría haber generado consecuencias mucho más
graves: el colapso de la actividad económica, el deterioro de la
institucionalidad local y la profundización del malestar social. Ya por
entonces se habían producido ataques a sedes municipales, amenazas, cortes
prolongados en rutas claves y perjuicios a sectores como el transporte, el
comercio y la industria petrolera.
Lo que debería haber sucedido es que el Poder Ejecutivo Provincial
interviniera activamente con una solución política, imparcial y firme, que
obligara a las partes a sentarse a dialogar con la presencia de garantes y
mediadores idóneos, sin revanchas ni amenazas. La paz social es un bien
público que se debe proteger con acciones concretas.
Para contribuir a resolver esta crisis, esta propuesta la presenté mediante el
proyecto Nº 236, el 27 de mayo de 2009, en la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Santa Cruz. Solicité que el Poder Ejecutivo se
comprometa a intervenir con urgencia para restaurar el funcionamiento
institucional del municipio, asegurar la libre circulación de los vecinos y
poner fin al conflicto social que afectaba a Pico Truncado. Porque la
responsabilidad de gobernar es, ante todo, garantizar que la comunidad viva
en paz, con respeto, derechos y posibilidades de futuro.