Lo que ocurrió en el Hospital Distrital de Puerto Deseado no fue solo un
conflicto administrativo: fue un hecho grave que puso en jaque el derecho
fundamental a la salud de una ciudad entera. Fui testigo directo de la
situación y sentí la urgencia de hablar con claridad. Cuando un hospital
público no funciona como debe, no hay espacio para el silencio: hay que
actuar.
El problema fue evidente: un paro de 72 horas seguido de un quite de
colaboración por parte del personal del hospital, en respuesta a la
desvinculación arbitraria de la médica pediatra Fabiana Faraldo. La
profesional se encontraba trabajando sin contrato formal ni las garantías
mínimas que todo trabajador debe tener. Esa injusticia detonó una reacción
masiva entre los compañeros, quienes además denunciaron amenazas,
aprietes y un clima de maltrato sostenido desde la conducción del hospital y
las autoridades provinciales.
La causa de este conflicto fue la decisión unilateral del Ministerio de Asuntos
Sociales, que no solo desconoció las condiciones precarias en las que se
encontraba la profesional, sino que se apoyó en un informe negativo elevado
por la propia dirección del nosocomio, sin instancias de diálogo ni defensa.
Lejos de escuchar a quienes todos los días sostienen la salud en la localidad,
se optó por la imposición. Y eso generó más daño.
No atender esta crisis hubiera implicado profundizar el deterioro del sistema
de salud en una localidad donde no existen alternativas privadas ni otros
centros con capacidad de respuesta. Se afectó no solo la atención diaria, sino
también la moral de quienes, con enorme esfuerzo, trabajan para sostener la
atención de niños, embarazadas, adultos mayores y todos los vecinos de
Puerto Deseado.
Lo que debe ocurrir es claro: hay que restituir con urgencia el
funcionamiento pleno del hospital, regularizar la situación de todos los
profesionales, y construir un espacio de respeto, diálogo y condiciones dignas
de trabajo. El sistema de salud no puede gestionarse con castigos ni silencios.
Necesita escucha, decisión política y sensibilidad.
Con ese objetivo, esta propuesta la presenté mediante el expediente Nº 235,
el 27 de mayo de 2009, en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Santa Cruz. Solicité que el Poder Ejecutivo informe con transparencia los
motivos de la desvinculación de la Dra. Faraldo, y que implemente de forma
inmediata las medidas necesarias para normalizar el servicio en el Hospital
Distrital de Puerto Deseado. Porque la salud no puede estar en pausa, ni
depender de la voluntad de unos pocos: es una obligación esencial que el
Estado debe garantizar todos los días.