No hay argumento que justifique que una persona extranjera, con más de diez
años viviendo de forma definitiva en Argentina, no pueda comprar un pedazo de
tierra si ese lugar está cerca de una frontera. Y menos cuando hablamos de
vecinos de países limítrofes que viven, trabajan y crían a sus hijos nacidos en
Santa Cruz desde hace décadas.
El problema está en una vieja norma nacional que prohíbe a personas de países
limítrofes adquirir tierras en zonas llamadas “de seguridad de frontera”, incluso si
tienen residencia legal y definitiva. En el caso de Santa Cruz, eso significa que
prácticamente todo el territorio provincial está vedado para quienes nacieron al
otro lado de la cordillera.
Esto se debe a una legislación que se arrastra desde 1944 y que, aunque en su
momento tuvo lógica estratégica, hoy perdió toda justificación. La medida
pretendía resguardar la soberanía nacional evitando que extranjeros compraran
grandes extensiones en zonas sensibles. Pero esa norma termina castigando a
quienes más cerca están de nuestra cultura y que eligieron Argentina como su
hogar.
Lo que esta ley genera, sin querer (o queriendo), es exclusión. Personas que
tributan, que se integraron, que son parte activa de la economía regional, no
pueden acceder a la propiedad de la tierra, ni siquiera para construir su vivienda o
desarrollar una pequeña producción. El Estado les niega un derecho básico solo
por su nacionalidad, aún cuando ya son parte de nuestra comunidad hace años.
Si esta situación no se modifica, seguimos sosteniendo un muro invisible que
divide más de lo que protege. Y mientras tanto, vemos cómo magnates de otros
continentes, con sociedades anónimas y abogados expertos, sí acceden a miles
de hectáreas sin problema alguno, como lo han hecho los Benetton, Lewis o
Tompkins en distintas partes de la Patagonia.
Lo que necesitamos es un cambio justo, sensato y humano. Que cualquier
persona extranjera, radicada en Argentina por más de diez años de manera legal y
definitiva, pueda adquirir tierras en zonas de frontera. Que no se los mida por su
nacionalidad, sino por su arraigo, por su historia, por su compromiso con este
país.
Con esa convicción, propuse una iniciativa para pedir a nuestros diputados y
senadores nacionales por Santa Cruz que impulsen una modificación legislativa
que haga posible este derecho. La propuesta fue presentada en la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz bajo el expediente N° 425, el
27 de agosto de 2008, y busca reparar una injusticia que ya no se puede seguir
ignorando.