Es preocupante que, mientras el Estado Nacional acumula récords de recaudación y
reservas, muchas provincias deban endeudarse para pagar sueldos, postergar obras o
suspender servicios esenciales. Esta desigualdad no es casual ni técnica: es una
consecuencia directa del manejo discrecional, centralista y abusivo que se hace desde
Nación sobre los recursos que deberían distribuirse con justicia entre todos los argentinos.
El problema es claro: la provincia de Santa Cruz —como muchas otras— no recibe lo que
le corresponde por coparticipación federal. Cada peso que se le retiene injustamente a una
provincia, es una escuela que no se construye, un hospital que no se equipa o un vecino que
no accede a su derecho básico. Esta situación no responde a una emergencia, sino a una
práctica estructural y sistemática de apropiación de fondos.
Esta situación es causada por decisiones del Gobierno Nacional que desnaturalizan el
sistema de coparticipación: impuestos creados como excepcionales que se vuelven
permanentes, retenciones no compartidas, fondos como el ATN subejecutados, comisiones
indebidas cobradas por la AFIP y mecanismos de pre-coparticipación que desvían millones
del interior hacia el centro. Todo esto convalida un modelo que concentra riqueza en
Nación y empobrece a las provincias.
No actuar frente a esta inequidad implica seguir profundizando un país injusto, donde el
interior financia al centro, donde el federalismo es apenas una palabra y no una política
viva. Mientras tanto, la falta de recursos limita las posibilidades reales de desarrollo local,
debilita la autonomía de las provincias y hace crecer la dependencia económica y política.
Lo que debe pasar es muy claro: el Estado Nacional tiene que cumplir con la Constitución y
con la Ley 23.548 de Coparticipación Federal. Las provincias deben recibir lo que les
corresponde por derecho, sin mendigar ni aceptar dádivas disfrazadas de acuerdos. Se
necesita una política tributaria equitativa, que fortalezca el federalismo y no lo use como
eslogan vacío.
Para reclamar con firmeza lo que le corresponde a Santa Cruz, propuse una iniciativa que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial iniciar una demanda judicial contra el Estado
Nacional, exigiendo la restitución de los fondos que por derecho pertenecen a nuestra
provincia. Hablamos de recursos concretos: más de $365 millones que deberían haber
ingresado solo en 2008 si se hubiera respetado el piso del 34% de coparticipación que
establece la Ley 23.548; el 70% de la recaudación del impuesto al cheque que se queda
Nación sin coparticipar; miles de millones de pesos no distribuidos del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional (ATN); la pérdida de ingresos generada por las retenciones a las
exportaciones, que si se recaudaran vía ganancias sí serían compartidas; las comisiones
indebidas que la AFIP descuenta del IVA, afectando a las provincias; y las asignaciones
al ANSES con fondos coparticipables, a pesar de que hoy presenta superávit. Por eso,
también se instruye al Fiscal de Estado a intervenir, y se exige que se garantice ese piso
mínimo del 34%. Porque el federalismo no se defiende con discursos, sino con decisiones
concretas que devuelvan a las provincias lo que les pertenece.
Esta propuesta fue presentada por mí en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Santa Cruz bajo el expediente N° 349, ingresado el 30 de julio de 2008 durante sesión
ordinaria, para que Santa Cruz reciba lo que le corresponde y el federalismo deje de ser
solo una promesa.