Santa Cruz necesita reglas claras, y eso comienza por cumplir una condición
básica de toda democracia: que los actos de gobierno sean públicos,
accesibles y oportunos. Lamentablemente, eso hoy no sucede. La falta de
publicación en tiempo y forma de decretos, resoluciones y decisiones clave
en el Boletín Oficial de la provincia impide a los ciudadanos conocer cómo se
maneja el Estado. Y cuando hay cosas que se ocultan, lo que se pierde es
confianza.
El problema tiene muchas aristas. Las publicaciones digitales del Boletín
Oficial se hacen con demoras injustificadas, sin respetar el orden cronológico
y con omisiones graves. Se han dejado sin publicar actos de gran
trascendencia institucional, como los decretos que administran los fondos
extra presupuestarios provenientes de regalías hidrocarburíferas mal
liquidadas, depositados en su momento en un fideicomiso del Banco Santa
Cruz.
La causa de este problema es una suma de negligencia institucional y falta de
voluntad política para garantizar transparencia. El Boletín Oficial debería ser
una herramienta al servicio de la ciudadanía y no un instrumento que se
maneja de forma discrecional para evitar el control social y político. Si el
Gobierno no publica sus decisiones, niega a la comunidad el derecho a estar
informada sobre asuntos que la afectan directamente.
No atender esta situación equivale a consolidar un modelo de opacidad. Se
debilita la seguridad jurídica, se vulnera la transparencia y se obstruye la
participación ciudadana. El pueblo no puede controlar lo que no conoce. Y sin
control social no hay democracia real.
Lo que debería suceder es muy simple: que todos los actos administrativos y
decisiones gubernamentales se publiquen en el Boletín Oficial en plazos
razonables, en orden cronológico y sin excepciones. En especial, cuando se
trata de temas sensibles como el manejo de recursos públicos.
Con ese objetivo, esta propuesta la presenté mediante el expediente N° 024,
el 11 de marzo de 2009, en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Santa Cruz. Solicito que se garantice la publicación completa y oportuna
de todos los actos de gobierno, y en particular, de aquellos vinculados a los
activos financieros extra presupuestarios que manejó la provincia a través del
fideicomiso con el Banco Santa Cruz. La transparencia no es un favor del
poder: es un derecho de todos los santacruceños.