En Santa Cruz, cada factura de luz llega con una carga que va mucho más allá
de los kilowatts consumidos. Lo que debería ser un servicio accesible y justo
se ha transformado en una preocupación constante para familias, jubilados y
pequeños comerciantes. El problema es claro: los aumentos aplicados en los
servicios de energía eléctrica por parte de Servicios Públicos Sociedad del
Estado (SPSE) durante diciembre de 2008 y enero de 2009 fueron desmedidos
y arbitrarios.
Lo que causa esta situación es una política tarifaria poco transparente, sin
explicaciones públicas ni justificaciones técnicas. La empresa estatal asegura
que el aumento fue del 13 %, pero los usuarios ven en sus facturas
incrementos que alcanzan el 44 %, e incluso el 68 % en algunos casos.
Comerciantes denuncian subas superiores al 100 %, que luego se trasladan a
los precios al consumidor. Todo esto ocurre sin haber mediado una
comunicación clara, un debate o un informe detallado que respalde
semejantes subas.
No atender este problema profundiza la desigualdad y debilita la confianza en
el Estado. La energía es un insumo básico: encarece el costo de vida, castiga a
quienes más lo necesitan, y socava la competitividad del comercio local.
Además, la falta de información clara sobre el cuadro tarifario vulnera el
derecho de los ciudadanos a entender y controlar cómo se conforma el precio
de un servicio esencial.
Lo que debería ocurrir, con urgencia, es que se retrotraigan los aumentos al
valor vigente en noviembre de 2008. Y, en paralelo, que se transparente el
proceso de formación de tarifas, brindando un informe pormenorizado sobre
los componentes del precio del servicio, diferenciando claramente entre
costos, subsidios y margen de la empresa prestataria. Un servicio público
eficiente se construye con información, control y justicia tarifaria.
Con ese objetivo, esta propuesta la presenté mediante el expediente N° 003,
el 27 de febrero de 2009, en la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Cruz. Solicito el rechazo al aumento tarifario aplicado por
SPSE en los meses de diciembre y enero, su inmediata anulación y la
devolución al cuadro tarifario anterior. También pido que el Poder Ejecutivo
informe con claridad y detalle la evolución de tarifas y fundamentos técnicos
que respaldan cada suba. Porque cuidar el bolsillo de los santacruceños es
también una forma concreta de hacer justicia social.